Corea del Sur ha dado un paso importante hacia la regulación del mercado de criptomonedas. El gobernante Partido Demócrata de Corea presentó hoy un nuevo proyecto de ley denominado “Ley Básica de Activos Digitales”, cuyo objetivo es crear un marco legal integral que abarque la emisión, el comercio, la custodia y la regulación de los activos digitales.
El texto de la propuesta añade que los activos digitales han trascendido la mera función de “dinero virtual” y se han convertido en un elemento fundamental que conecta la economía real con los mercados financieros. En este contexto, los activos digitales vinculados a monedas fiduciarias o activos del mundo real (stablecoins) se definen como una categoría especial y están sujetos a regulaciones más estrictas. Por consiguiente, los emisores de stablecoins deberán obtener licencias, mantener una reserva de reembolso y cumplir con una obligación de devolución que garantice a los usuarios la recuperación de sus activos si así lo solicitan.
La justificación del proyecto de ley destacó la rápida institucionalización de los activos digitales a escala global. Señaló que las principales economías, en particular Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, han implementado regulaciones integrales que aclaran el estatus legal de los activos digitales, abarcando su emisión, distribución y protección al inversor. Entre los ejemplos citados se incluyeron la Ley GENIUS en Estados Unidos, la normativa MiCA en la Unión Europea y la ley de servicios de pago en Japón.
En Corea del Sur, la normativa actual se centra principalmente en la protección del usuario y carece de un marco integral que abarque todo el sector. La nueva ley pretende subsanar esta deficiencia. La propuesta contempla establecer una definición legal de activos digitales, otorgar licencias a los representantes del sector según sus áreas de actividad y crear normas de divulgación y control interno para aumentar la transparencia del mercado.
Además, si bien se prevé la creación de un “Comité de Activos Digitales” para la coordinación de las políticas relacionadas con estos activos, el desarrollo de estructuras de autorregulación y mecanismos de protección al inversor en todo el sector también figura entre los objetivos. La ley detalla asimismo las normas para la auditoría de las estructuras de gobierno corporativo, los sistemas de gestión de riesgos y la infraestructura de tecnología de la información de las empresas.
La propuesta prohíbe explícitamente las prácticas comerciales desleales, como el uso de información privilegiada, la manipulación del mercado y el fraude, y prevé sanciones penales para quienes infrinjan estas normas. Asimismo, contempla la creación de comités especiales dentro del sector para evaluar los productos que se negocian en el mercado de activos digitales y supervisar las transacciones anómalas.
*Esto no constituye asesoramiento de inversión.