La crisis legal en torno a las políticas comerciales en Estados Unidos se está profundizando. El mes pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que los aranceles globales del presidente Donald Trump eran ilegales y los anuló. Esta decisión allanó el camino para que las empresas solicitaran un reembolso al gobierno, lo que desencadenó un complejo litigio que involucró miles de millones de dólares.
Los aranceles que el tribunal anuló habían generado más de 130 mil millones de dólares en ingresos para el gobierno de Estados Unidos hasta fines de 2025. Sin embargo, tras la decisión, numerosas empresas comenzaron a presentar demandas en tribunales federales para recuperar los impuestos que habían pagado.
La administración Trump solicitó una prórroga de hasta cuatro meses para la reconsideración de los casos de reembolso. Esta solicitud fue rechazada hoy por el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos, eliminando así la posibilidad de más retrasos en el proceso.
La solicitud, presentada en nombre de las pequeñas empresas que interpusieron el caso, declaró que la solicitud de la administración de una prórroga de meses era “claramente irrazonable”. Las empresas argumentaron que la reparación que la Corte Suprema no consideró apropiada no debía concederse a través de tribunales inferiores.
La decisión no abarca los aranceles específicos de Trump para cada sector. Sin embargo, la cancelación de los aranceles globales específicos para cada país ha provocado un aumento exponencial en las solicitudes de reembolso. Según el Liberty Justice Center, que representa a las pequeñas empresas, hasta la fecha se han presentado más de 900 solicitudes de reembolso en tribunales federales.
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