Miles Jennings, director de Política de Criptomonedas en Andreessen Horowitz (a16z), afirmó que, casi cuatro años después del colapso de FTX, el Congreso de Estados Unidos no ha logrado crear un marco regulatorio integral para las criptomonedas que prevenga casos de fraude similares. Jennings instó al Senado a impulsar la Ley CLARITY, advirtiendo que, de continuar la situación actual, la próxima gran crisis en el mercado de criptomonedas podría tener consecuencias mucho más amplias que el incidente de FTX.
Según Jennings, la causa principal del colapso de FTX no radicaba en la complejidad de sus productos financieros, sino en el mal uso de los activos de los clientes y la ausencia de salvaguardias fundamentales, como la custodia independiente, la separación de los activos de los clientes de los fondos de la empresa, las obligaciones de divulgación y la supervisión regulatoria. Señaló que la Ley CLARITY busca incorporar muchas de las salvaguardias ya utilizadas en los mercados financieros tradicionales al sector de las criptomonedas, al integrar a los intermediarios, distribuidores y plataformas de intercambio de activos digitales dentro de un marco regulatorio.
El proyecto de ley propone la implementación de regulaciones tales como la separación de activos de clientes, servicios de custodia calificados, la limitación de conflictos de interés con partes relacionadas, divulgaciones obligatorias, estándares de cotización y restricciones a las ventas de tokens por parte de personas con información privilegiada.
Jennings también rebatió las críticas que afirman que la Ley de Claridad supone una “desregulación en el sector de las criptomonedas”, argumentando que la legislación estadounidense actual no define claramente en qué categoría regulatoria se incluyen numerosos activos digitales. Según Jennings, esta ambigüedad legal ha sido uno de los factores que ha permitido el crecimiento de plataformas que operan fuera de Estados Unidos, como FTX.
Jennings, quien también abordó cuestiones éticas en el sector de las criptomonedas y objeciones con respecto a los rendimientos de las stablecoins, dijo que la nueva regulación limita los rendimientos pasivos de las stablecoins y autoriza al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a tomar medidas adicionales si surgen pruebas de salidas de capital.
Jennings añadió que la oferta total de stablecoins ha superado los 300.000 millones de dólares, y el volumen de activos tokenizados ha sobrepasado los 30.000 millones de dólares. Tras señalar que importantes instituciones financieras como BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton y Goldman Sachs también están invirtiendo en el ámbito de los activos digitales, Jennings afirmó que el mercado de las criptomonedas ya no puede considerarse un sector pequeño relegado a los márgenes del sistema financiero.
Jennings argumentó que, en lugar de que las políticas estadounidenses sobre criptomonedas se vean modificadas por las decisiones del poder ejecutivo con cada cambio de administración, deberían regirse por normas estables y a largo plazo establecidas por el Congreso, y recordó que el Senado votará el 15 de septiembre sobre si iniciar o no las deliberaciones sobre la Ley CLARITY.
Jennings afirmó: “Si no actuamos ahora, la próxima crisis podría ser mucho mayor”.
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